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El presidente Alvaro Uribe cumple cinco años al frente de un país marcado por una cruenta guerra civil. Guerrilla, narcotráfico, violencia y secuestro son términos que se pronuncian casi siempre al mismo tiempo que Colombia. Apoyar el proceso de paz de ese país se encuentra en diversas agendas políticas. DW-WORLD conversó con Liduine Zumpole,  representante de la organización holandesa Apoyo Reconciliación Colombia, ex directora de Pax Christi Internacional  y promotora de un  acuerdo internacional  para armonizar una política común ante el secuestro.

En el campo en el que usted trabajo, los derechos humanos, la mediación entre grupos guerrilleros y gobierno y su campaña internacional contra el secuestro¿cómo cataloga usted el desempeño del presidente Uribe? ¿Es verdad que el nivel de seguridad del ciudadano común en Colombia ha aumentado gracias a su “política de mano dura”?

Sin duda. Y lo he podido ver con mis propios ojos y vivirlo de muy cerca. Conozco Colombia desde los años sesenta y siempre ha habido un crecimiento de la inseguridad, de formas de terrorismo, de falta de soberanía y ausencia de gobierno en muchas regiones del país. Con Uribe, por primera vez y a pesar de los muchos problemas y fallas, esa situación va cambiando.  El presidente Uribe se enfrenta a una tarea casi inhumana, pero he visto que la seguridad en ciertas regiones del país ha crecido, la gente ha vuelto a sus lugares de origen. Ha comenzado sus pequeños negocios, la economía está comenzando a restaurarse. Lo he visto de muy cerca, eso es un logro.

Uno de los grandes logros que se atribuyen al presidente Uribe es la, por otro lado, controvertida “Ley de Justicia y Paz”. Por un lado se reconoce que permite a ex terroristas integrarse a la sociedad. Por otro lado se dice que esa ley protege sobre todo a los paramilitares.

Ese país ha tenido por muchos años grupos ilegales armados que ejercen terrorismo contra la población civil. Lo más importante es desarmarlos, y durante ese proceso –ése es efectivamente un logro de Uribe- hay muchísimos problemas. La Ley de Justicia y Paz fue muy criticada nacional e internacionalmente, y ha sido bastante adaptada. Lo que no se puede decir es que ella signifique amnistía total para los paramilitares. El ex paramilitar tiene que cumplir con una larga lista de  condiciones que empieza por aceptar sus crímenes y entregar las riquezas. No quiero decir que la ley esté funcionando, pero se ha vuelto más justa.

No hay que olvidar que en anteriores procesos de paz, a la guerrilla se le concedió amnistías y que algunos de ellos están en el congreso, en puestos de gobierno.Esa gente pudo integrarse sin más a la sociedad civil. Casi nadie ha pagado por sus crímenes atroces. Ahora, con esta Ley, la verdad es que la Justicia es más dura si se compara con los procesos que ha habido con los guerrilleros.

Se dice que Andrés Pastrana fracasó con su política conciliatoria. El presidente Uribe sigue una política de mano dura. ¿Existe alguna alternativa a esta política?

No. Yo creo que en cuanto al proceso de paz, la política de Uribe es la correcta. Pastrana por un lado profesionalizó el Ejército y, por otro lado, con su mano extendida ofrecía zonas de distensión que permitieron a la guerrilla hacer todo lo que Dios prohibió. La guerrilla engañó a Pastrana y Pastrana se dejó engañar. Sin embargo eso dejó claro al país y al mundo que el gobierno extendió la mano, y la guerrilla los engañó. El costo, sin embargo, fue demasiado alto. Ahora, el gobierno de Uribe quiere el diálogo, pero bajo otras condiciones. Acuerdo humanitario, sí, pero bajo la condición de que la guerrilla libere a los secuestrados y deje de secuestrar.

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